Por: Agustín Arechavala

Por Agustín Arechavala (*)

En el último tiempo, el impuesto inmobiliario rural en la Provincia de Buenos Aires se ha convertido en el centro de un debate que enfrenta a productores rurales y al gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof. Ahora, un grupo de productores rurales del partido de Azul presentó un nuevo amparo para detener los incrementos aplicados al tributo, alegando su carácter confiscatorio y su impacto sobre la competitividad del sector.

Uno de los argumentos principales de su demanda es el fuerte aumento registrado en la cuarta cuota del 2024 del impuesto inmobiliario rural, que en un caso testigo pasó de $708.975,60 a $1.231.792,20, representando un incremento del 73,75%.

De esta manera, precisamos que estos aumentos no solo son desproporcionados, sino que también afectan de manera directa la rentabilidad de las explotaciones, en un contexto que ya es desfavorable desde lo climático y con constantes aumentos operativos.

Este fallo, aunque aún no definitivo, marca un precedente importante en la lucha de los productores contra lo que consideran un abuso por parte de la Administración del Gobernador Axel Kicillof.

¿Qué se decidió y qué implica?

El juez Juan Guillermo Lazarte, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Azul, ordenó dar curso al amparo planteado por los productores y requirió a la Provincia de Buenos Aires y a ARBA un informe detallado sobre los cálculos que determinaron el incremento de las cuotas y la aplicación de los coeficientes para el periodo cuestionado. Esto sugiere que el análisis técnico será clave para resolver la cuestión de fondo.

Aunque desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial minimizaron la decisión al afirmar que “solo se está estudiando”, esta medida debe interpretarse como un avance significativo en el reclamo de todo el sector.

El hecho de que la Justicia no haya rechazado el amparo in límine, como ocurrió en otras ocasiones, demuestra que existen elementos serios a considerar, entre ellos la razonabilidad y proporcionalidad del aumento, principios básicos del derecho tributario consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la jurisprudencia.

Principios en juego: la carga fiscal y la razonabilidad.

Sin dudas la cuestión plantea interrogantes sobre la razonabilidad de los aumentos y ajustes que lleva adelante la Provincia en un contexto en el que los productores ya enfrentan múltiples desafíos, desde sequías históricas hasta costos de insumos dolarizados.

No cabe lugar a dudas que, los tributos deben respetar el principio de capacidad contributiva, que exige que los impuestos sean proporcionales a la capacidad económica de los contribuyentes, lo cual parece ser ignorado por el Gobernador cuando se imponen incrementos que exceden ampliamente la inflación y el incremento de rentas del sector.

Además, el fallo abre la puerta a debatir sobre el principio de no confiscatoriedad, que impide que la carga impositiva sea tan elevada que desincentive la actividad productiva.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en múltiples precedentes que los tributos no deben desnaturalizar el derecho de propiedad ni impedir el desarrollo económico de los contribuyentes.

Precedentes y antecedentes favorables.

Este no es el primer enfrentamiento entre el sector agropecuario y los diferentes gobiernos por cuestiones tributarias. En 2022, un fallo en Pergamino declaró inconstitucional una tasa vial considerada “irrazonable” por los productores locales.

Más recientemente, en 2024 la justicia bonaerense negó una medida cautelar en el fallo “Arechavala c/ ARBA” pero admitió la acción declarativa de certeza por considerar que existía una situación que debía ser revisada ante los aumentos de principio de años cuando las boletas llegaron con subas que variaron entre 250% y 500%.

Estos antecedentes fortalecen la posición de los productores en este nuevo litigio, especialmente en un contexto de creciente judicialización de los reclamos fiscales del sector agropecuario.

Impacto económico y social.

El aumento desproporcionado del Inmobiliario Rural no solo afecta a los productores, sino que también tiene un impacto en toda la cadena agroindustrial, que depende de un campo competitivo para generar empleo y divisas.

Según estimaciones de entidades rurales, la carga fiscal total sobre el sector continúa superando más el 60% de los ingresos brutos, un nivel insostenible sobre todo para pequeñas y medianas explotaciones.

Por lo cual el fallo pone de manifiesto que el monto del impuesto no solo afecta a los titulares de las tierras, sino también a toda la cadena productiva, en un sector clave para la economía provincial y nacional.

La incertidumbre fiscal también desincentiva la inversión en tecnología y mejoras productivas, afectando la competitividad del agrobonaerense frente a otras provincias y países.

¿Qué podemos esperar?

Más allá del resultado final del caso, el impuesto inmobiliario rural plantea una discusión de fondo: ¿cómo garantizar un sistema tributario que sea razonable, progresivo y acorde a las necesidades de los sectores productivos?

La discusión sobre la razonabilidad y progresividad de los tributos será central en los próximos meses, no solo en los tribunales, sino también en el ámbito legislativo y político.

Mientras se dan las negociaciones, el gobierno provincial enfrenta el desafío de equilibrar la recaudación con las demandas de uno de los motores de la economía provincial.

Es fundamental al mismo tiempo que impostergable la búsqueda de soluciones estructurales que promuevan un sistema tributario justo, razonable y sostenible, capaz de fomentar el crecimiento económico sin asfixiar a quienes generan valor en la economía.

(*) Abogado y productor agropecuario