El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue el encargado de cerrar la conferencia de prensa encabezada por los ministros del gabinete económico-productivo de Axel Kicillof, donde se analizó el impacto del rumbo económico nacional sobre las actividades productivas en la provincia. La presentación tuvo un eje claro: “La política macroeconómica del gobierno de Javier Milei está afectando de forma directa al entramado productivo y amenaza con desarticular sectores clave del agro argentino”.

“Lo que vemos es un modelo que no sólo es contrario a la producción, sino que además está provocando la salida de miles de productores del sistema productivo”, advirtió Rodríguez. Y respaldó su afirmación con cifras oficiales: en la última campaña, mil productores de soja dejaron la actividad, marcando el registro más bajo desde que se mide bajo el sistema SISA. En el mismo período, cerraron más de mil tambos, lo que representa una reducción del 10% del total nacional, mientras que el stock ganadero cayó en 1,3 millones de cabezas.

El diagnóstico del ministro fue contundente. Según describió, el actual esquema económico se basa en un dólar barato, alta volatilidad cambiaria, aumentos en combustibles, fletes y alquileres, y una caída del consumo interno producto de la pérdida del poder adquisitivo. “En enero de 2024 el dólar era caro; hoy, en julio de 2025, el dólar es barato. Esa imprevisibilidad en un sector que planifica a mediano plazo genera un escenario inviable”, remarcó.

Javier Rodríguez también exhibió datos que ilustran el impacto de la inflación en el poder de compra: el salario mínimo en noviembre de 2023 alcanzaba para comprar 117 kilos de pan, mientras que en junio de este año sólo permite comprar 68. En el caso del pollo, la caída fue del 26%, de 115 a 84 kilos. “Esto no sólo golpea el bolsillo de los consumidores. La caída del consumo interno agrava la crisis de demanda en sectores que ya ven mermadas sus exportaciones”, explicó.

A ese combo de variables, el ministro sumó tasas de interés que impiden el acceso al crédito, una “estructura impositiva zigzagueante” —que en el caso de la soja osciló entre el 33% y el 26% en cuatro oportunidades—, y un avance indiscriminado de las importaciones, con desventajas para los productos nacionales. “Estamos viendo una política que directamente fomenta las importaciones, incluso permitiendo que los productos extranjeros no cumplan con las normativas que se exige a los locales, como en el caso de los alimentos sin TACC o la producción porcina”, denunció.

Javier Rodríguez no sólo apuntó a la macroeconomía. También criticó el desmantelamiento de las políticas sectoriales y del sistema científico-técnico: “El cierre de programas como Cambio Rural, el vaciamiento del INTA y del INTI, y la eliminación de políticas para la producción ovina o las economías regionales están dejando al sector sin asistencia ni herramientas”.

El ministro se refirió con énfasis al abandono del Plan del Río Salado, obra estratégica para mitigar inundaciones en la región agropecuaria. “El tramo 4.2 está paralizado, pese a que el financiamiento está disponible. Lo presentan como ahorro, pero todos sabemos que es todo lo contrario: es pérdida futura asegurada”, afirmó.

Frente a este escenario, Javier Rodríguez reivindicó el enfoque que impulsa la provincia: más producción con más productores, segmentación de políticas por escala, fomento a la industrialización en origen, cooperativas, diversificación e infraestructura rural. “La provincia de Buenos Aires es el motor productivo del país y necesita políticas activas, no abandono. No hay desarrollo posible sin una política que piense en el pequeño y mediano productor”, concluyó.