Después de más de 120 días de inactividad y negociaciones estancadas, se firmó el acuerdo que destraba el conflicto en la pesca del langostino, la principal fuente de divisas de la industria pesquera argentina. La disputa mantuvo paralizados a más de 100 buques congeladores y enfrentaba a las cámaras empresarias y al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que resistía una baja en los ítems de producción que integran el grueso del salario marinero.

El convenio, firmado este viernes en la Secretaría de Trabajo entre SOMU y las cámaras CAPECA, CAPIP y CEPA, establece que el 70% del ingreso de los marineros será “no remunerativo”, con un descuento del 9% sobre el recibo. Esto significa una rebaja cercana al 12% en los valores de producción y un ajuste total del 18% para las empresas, lejos del 30% al que aspiraban pero suficiente para reactivar la zafra.

La presión de las bases —especialmente marineros del litoral— fue clave para destrabar la negociación.

“Se llegó a un acuerdo transitorio y se logró generar un consenso, sin tocar los convenios”, explicó a La Capital el secretario general del SOMU Mar del Plata, Oscar Bravo. Agregó que “hubo que ceder de las dos partes para lograr un acuerdo y no perjudicar a los trabajadores”.

“Intensas gestiones”

En un comunicado conjunto, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (CAPECA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) destacaron las “intensas gestiones con la Secretaría de Trabajo de la Nación” que llevaron a la firma del acuerdo con el SOMU que –agregaron “junto a los ya alcanzados con SICONARA, Capitanes y SUPA, permiten retomar la actividad y darle previsibilidad a toda la cadena productiva”.

“Los buques pesqueros volverán a zarpar en los próximos días y se retomará la captura de langostino, especie clave para la industria y para las exportaciones argentinas”, señalaron las empresas. “El entendimiento puso de manifiesto la necesidad de que los convenios colectivos de trabajo deben estar en consonancia con la realidad de la actividad”, declaró Eduardo Boiero, presidente de CAPECA. “Es la única manera –agregó- de compatibilizar las necesidades de los trabajadores con la viabilidad económica de la industria”.

Salvataje

El conflicto ya había provocado pérdidas estimadas en US$ 200 millones. Con la reanudación de las actividades, el sector apunta a salvar entre US$ 250 y 300 millones en exportaciones durante los próximos dos o tres meses.

Tanto el Sindicato de Capitanes, a fines de junio, como el de maquinistas, a principios de julio, habían aceptado adecuar los valores “de producción”. Según las empresas langostineras, no adaptar los valores implicaba trabajar a pérdida. Capitanes y maquinistas aceptaron la adecuación, pero el SOMU, que agrupa a los marineros, que aportan el 80% de la tripulación de un buque pesquero, se negaba a esa adaptación. Hasta que las bases pudieron más.

El acuerdo no es definitivo —habrá nueva negociación en 2026—, pero devuelve oxígeno a una actividad que venía asfixiada. Los barcos volverán al mar, los puertos retomarán movimiento, y el langostino argentino podrá volver a competir en los mercados internacionales.

Aunque también se pone sobre la mesa un debate de fondo: cómo adaptar los convenios laborales a la nueva realidad de precios internacionales, fuertemente afectados por la competencia del langostino vannamei de cultivo y el desplome de la demanda tras la pandemia. Para las empresas, sin cambios en ese frente, la rentabilidad seguirá en jaque.

Mientras tanto, unos 600 trabajadores, en 25 barcos amarrados en Mar del Plata, podrán volver a sus tareas. Hay muchos más en Puerto Madryn (Chubut) y Puerto Deseado (Santa Cruz). De esa forma, los tripulantes esperan recuperar parte de los ingresos perdidos. (DIB)