Tras la anulación de parte del Congreso de 5 decretos delegados, el Gobierno de Javier Milei se vio obligado a retroceder con los cambios impulsados en Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras dependencias del Estado, luego de que el Congreso rechazara cinco decretos delegados a fines de agosto.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante los decretos 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, que restituyen “la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas” por las medidas anteriores del Ejecutivo.

El Gobierno había impulsado las reformas como parte de su plan de reducción del Estado y flexibilización laboral. Sin embargo, el rechazo en Diputados y Senado forzó al oficialismo a dar marcha atrás.

Qué medidas quedaron sin efecto

Los decretos frenados implicaban transformaciones profundas en organismos estratégicos.

-Decreto 462/2025: disponía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Inti pasaran a depender de los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, reduciendo su autonomía. Anteriormente el INV dependía de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ahora pasa a la de Industria, si bien las dos pertenecen al organigrama del Ministerio de Economía.

-Decreto 461/2025: ordenaba la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

-Decreto 340/2025: habilitaba a buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional, lo que eliminaba la exclusividad de la Marina Mercante y limitaba el derecho a huelga.

-Decreto 351/2025: transformaba el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), quitándole su carácter descentralizado y subordinándolo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

-Decreto 345/2025: disponía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano con el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

Estas iniciativas se sumaban a la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y a cambios en entidades culturales, lo que generó amplio rechazo gremial, académico y de la oposición.

Desde el Ejecutivo justificaron la marcha atrás argumentando “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”, según el decreto 627. (NAP)