En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo logró un dictamen de mayoría para derogar el Decreto 273/25, que autoriza la importación de maquinaria agrícola usada, en un debate cargado de tensión política y económica donde el Gobierno defendió la medida como una herramienta para modernizar el agro y capitalizar a las pymes, mientras que la oposición, los gremios y los empresarios alertaron sobre el riesgo de destruir empleos, debilitar la industria nacional y repetir errores del pasado.

El proyecto, presentado por el diputado Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria), busca restablecer el sistema anterior que exigía el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y otros controles técnicos previos. Según sus impulsores, el decreto del Gobierno eliminó herramientas esenciales para proteger la industria nacional y el empleo calificado.

Desde el Gobierno, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, defendió la apertura como una medida para “capitalizar a las pymes y disciplinar los precios internos”. Señaló que el país está “descapitalizado” y que permitir la llegada de equipos usados ayudaría a economías regionales sin acceso al crédito. “Una cosechadora en la Argentina cuesta el doble que en Brasil. Traer maquinaria usada puede representar un salto tecnológico para sectores postergados”, sostuvo.

También intervino el secretario de Desregulación Económica, Alejandro Cacace, quien argumentó que el decreto fue dictado “dentro de las facultades del Código Aduanero” y que “no elimina los controles, sino que los traslada a una etapa posterior”.

Sin embargo, las críticas fueron contundentes. El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Hernán Zubeldía, advirtió que la medida “pone en riesgo la soberanía tecnológica del agro argentino” y recordó los antecedentes de los 80 y 90, cuando políticas similares provocaron el cierre de fábricas. “Una Argentina sin industria no funciona”, remarcó.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue aún más duro: “Me avergüenza que se celebre destruir la industria nacional. Esta apertura amenaza miles de empleos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.

En tanto, los contratistas rurales, representados por Luis Freddy Simone, plantearon una visión distinta: “Estamos todos fundidos por la falta de créditos. Si nos dan financiamiento y nos dejan trabajar, las fábricas se llenan de gente”.

Cómo sigue

El dictamen de mayoría será tratado en las próximas sesiones del recinto. Si se aprueba, implicará la derogación total del Decreto 273/25 y la restitución del sistema de control previo de importaciones de maquinaria usada.

El debate, que expuso la tensión entre apertura económica y defensa de la industria nacional, promete ser una de las discusiones más sensibles de la agenda legislativa. “No se trata solo de máquinas —resumió un expositor—, sino del modelo de país que queremos”. (NAP)