El Gobierno nacional derogó casi mil normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y redefine el rol del organismo, según la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. El objetivo es eliminar la intervención en los procesos productivos del vino y reducir la burocracia en el sector.
La decisión suprime en total 973 normas entre requisitos presenciales, verificaciones repetitivas y múltiples trámites burocráticos. De acuerdo con la información del Gobierno nacional, el INV y los ministerios responsables elaboraron este marco luego de detectar que el sector arrastraba más de 1.200 normas, muchas de ellas dispersas y superpuestas, que generaban costos, demoras y pérdida de competitividad para las bodegas.
La decisión implica que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo -como la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores.
El énfasis recae en asegurar la aptitud para el consumo de vino y descartar adulteraciones o incumplimientos en el producto final. “El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados”, indica el comunicado enviado por el Gobierno.
