La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de Argentina marcó su posición de confrontación directa frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

El sindicato que conduce José Voytenco advirtió que la iniciativa representa una amenaza estructural para quienes sostienen la producción primaria en el país, confirmando su adhesión a la marcha federal del próximo jueves 18 de diciembre.

Para la UATRE, la reforma no busca la modernización, sino la desarticulación de las protecciones laborales vigentes. Entre sus principales preocupaciones se destacan:

-Pérdida de soberanía salarial: Rechazan la quita de atribuciones a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, lo que dejaría a los salarios mínimos sin un marco regulatorio sólido.

-Precarización mediante el período de prueba: El gremio denuncia la intención de instaurar un período de prueba de hasta ocho meses, una figura que hoy no existe en el trabajo agrario y que, aseguran, facilitará los despidos sin costo.

-Deslinde de responsabilidades: Critican la reducción de la responsabilidad solidaria en la cadena de contratistas, lo que permitiría que las empresas principales se desentiendan de las condiciones laborales de sus subcontratados.

-Debilitamiento de la paritaria: Sostienen que el proyecto fragmenta la negociación colectiva, restando fuerza a los trabajadores para pactar mejores condiciones de vida.

“La discusión sobre el futuro del trabajo no puede dejar afuera la realidad de quienes sostienen la producción. Esta reforma implica un retroceso que abre la puerta a una mayor precarización en el campo”, expresaron desde la conducción nacional.

Informalidad

Uno de los argumentos más fuertes de la Uatre se asentó en la situación actual del empleo rural, donde el 70% de los trabajadores no está registrado. Según el sindicato, la reforma no solo no soluciona este problema, sino que podría profundizarlo al quitar incentivos para la registración real.

El gremio enfatizó que la prioridad debería ser erradicar la explotación laboral y el trabajo infantil, prácticas que todavía persisten y que requieren un Estado presente y sindicatos fuertes, y no un marco legal que facilite la desvinculación de los trabajadores.

Contraste con las entidades patronales

La postura de los trabajadores rurales choca de frente con las entidades del agro como la Sociedad Rural Argentina y el Consejo Agroindustrial Argentino. Mientras las cámaras empresarias ven en la reducción de costos y la flexibilización una vía hacia la competitividad y la inversión (citando proyecciones de US$ 15.000 millones bajo el esquema RIMI), la Uatre lo interpreta como una transferencia de beneficios desde el eslabón más débil hacia el sector empleador.

Movilización

Con esta posición, la Uatre informó su adhesión al plan de lucha nacional encabezado por la CGT, que ha convocado a todas sus regionales y gremios confederados para manifestar un rechazo orgánico al proyecto oficial.

Desde la central obrera sostienen que la reforma atenta contra la columna vertebral del modelo sindical argentino al priorizar la rentabilidad empresaria por sobre la estabilidad del empleo.

Bajo la consigna de que “la justicia social no es negociable”, la marcha del 18 de diciembre de la CGT buscará frenar en el Congreso lo que consideran un avance sobre la dignidad de los trabajadores. (NAP)