Los jefes comunales Juan Pablo García (Dolores), Francisco Echarren (Castelli), Juan de Jesús (La Costa), Carlos Rocha (General Guido) y Héctor Olivera (Tordillo) mantuvieron un encuentro de gestión con Diego Escoda, Fiscal General del Departamento Judicial Dolores.

El objetivo fue claro: dejar de lado los diagnósticos vacíos y pasar a la acción coordinada para cuidar a la gente del campo bonaerense y los cascos urbanos. No es un dato menor que el Departamento Judicial Dolores es uno de los más extensos del interior de la provincia de Buenos Aires. Esta vastedad territorial exige que la política y la justicia no caminen por veredas separadas.

Durante la reunión, los intendentes coincidieron en que la articulación entre los gobiernos locales y el Ministerio Público Fiscal es "fundamental" para lograr resultados que se sientan en la calle. El Fiscal General Diego Escoda presentó estadísticas generales y el detalle fino de cada municipio. Esto permitió evaluar la evolución de los delitos denunciados y cómo vienen las investigaciones.

"El intercambio de información es clave para diseñar herramientas más eficaces de prevención", señalaron desde la mesa de trabajo, destacando que sin datos duros no hay política de seguridad que aguante.

Los delitos rurales vienen en aumento en la provincia de Buenos Aires.

Más allá de los números, la reunión sirvió para reforzar el compromiso político de los intendentes de la Quinta Sección. En un contexto donde el campo demanda previsibilidad y seguridad para producir y vivir, los mandatarios locales reafirmaron su intención de seguir impulsando políticas públicas activas.

El mensaje que baja de este encuentro en Dolores es de unidad en la gestión: coordinar esfuerzos institucionales para mejorar la capacidad de respuesta ante el delito. La premisa es construir comunidades más seguras, entendiendo que la calidad de vida en estos distritos depende directamente de que los intendentes y la Justicia tiren para el mismo lado.