El Gobierno elimina retenciones industriales pero mantiene el esquema fiscal sobre la agroindustria

El Gobierno nacional oficializó una masiva quita de los Derechos de Exportación para la industria manufacturera tradicional, dejando al margen a los principales complejos de la agroindustria. La medida, instrumentada a través del Decreto 566/2026, entró en vigencia este 1 de julio tras su publicación oficial el pasado 30 de junio. Esta decisión resulta de alto impacto estructural debido a que consolida al sector agropecuario y de la alimentación como el principal sostén de la recaudación por este tributo.

La nueva normativa dispuso la baja inmediata a una alícuota del 0% para cerca de 1.000 posiciones industriales que hasta el momento tributaban valores situados entre el 3% y el 4,5%. Los rubros alcanzados de forma directa comprenden insumos y manufacturas como productos químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño, plásticos y caucho. Adicionalmente, el texto prevé un cronograma de reducción gradual para sectores específicos, tales como el automotriz y el petroquímico, completando su desgravación total hacia junio del año 2027.

La reforma impositiva acentúa la disparidad en la carga fiscal que soporta la cadena de ganados y carnes, los cereales y las oleaginosas frente a otros sectores económicos. Según los datos técnicos relevados, para mediados de 2027 permanecerán vigentes un total de 1.949 posiciones arancelarias alcanzadas por las retenciones en todo el territorio nacional. De ese universo global, 1.695 corresponden exclusivamente a productos agroindustriales, mientras que la minería y el petróleo mantendrán 111, y la industria tradicional apenas registrará 143 posiciones remanentes.

De esta manera, el agro concentrará cerca de nueve de cada diez posiciones que continuarán tributando Derechos de Exportación, equivalente al 87% del total de los aranceles gravados. Los cultivos extensivos dominantes como la soja y todos sus derivados industriales, el maíz y el trigo continuarán operando bajo las alícuotas que rigen actualmente. La persistencia de estas cargas impositivas mantiene intactas las condiciones de comercialización externa vigentes para los productores de las economías agrarias regionales.