La cadena agropecuaria coincide en la necesidad de tratar una nueva Ley de Semillas

Durante la Jornada de Carnes y Granos realizada en el marco de la Expo Rural, referentes de las entidades del campo, la industria semillera y el Estado debatieron sobre la actualización de la Ley de Semillas. Participaron el titular del INASE, Martín Famulari; la presidenta de la FAA, Andrea Sarnari; el director de la SRA, Tomás Palazón; la presidenta de la ISF, Lorena Basso; y el titular de ASA, Ricardo Fernández Pancelli. La mesa buscó definir prioridades compartidas ante un eventual debate parlamentario.

En el encuentro se destacó la urgencia de renovar una regulación que impactará en el sector durante las próximas décadas. Los voceros de las entidades de la producción remarcaron que el escenario tecnológico cambió de manera profunda respecto del marco actual. Por ello, consideraron imprescindible contar con una norma moderna que resulte funcional para todos los eslabones productivos del país, cuidando los equilibrios de la cadena.

Desde el sector industrial expresaron que un marco legal renovado resulta clave para incentivar las inversiones en ciencia y desarrollo biotecnológico. Subrayaron que el objetivo central es que los productores obtengan mayor productividad por hectárea y accedan a tecnologías de vanguardia de forma justa. Por su parte, la representación estatal reafirmó la voluntad oficial de impulsar la adhesión al convenio UPOV 91 en el Congreso de la Nación.

Durante las intervenciones, Martín Famulari expresó: "Vamos a ir con una nueva ley de semillas y vamos a impulsar UPOV 91 en el Congreso, pero tenemos muchas ganas de que lo que suceda sea por consenso". Asimismo, Andrea Sarnari señaló que "discutir la ley de semillas es importante porque han cambiado las reglas de juego", aunque advirtió que existen reparos en el sector primario sobre UPOV 91 que representan "una gran distancia que hay que acortar".

Los participantes coincidieron en mantener las mesas de diálogo activas para acercar posturas sobre los puntos en desacuerdo antes del ingreso del proyecto al ámbito legislativo. Si bien el Poder Ejecutivo no estableció plazos formales para la presentación de la propuesta, los referentes instaron a profundizar las negociaciones técnicas para lograr un dictamen de consenso que brinde previsibilidad jurídica en el largo plazo.