Proponen elevar al 25% el límite a la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros

Sectores parlamentarios comenzaron a discutir un borrador alternativo que contempla fijar en un 25% el tope máximo de tierras rurales que podrán poseer personas humanas o jurídicas extranjeras por provincia. El debate cobró fuerza este lunes en el marco de las tratativas por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Senadores de la Nación, donde el oficialismo busca acordar una postura común con bloques aliados ante las dificultades para reunir los votos requeridos.

La propuesta en análisis modificaría la postura original promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien planteaba la supresión completa de los límites vigentes. Aquella iniciativa inicial buscaba equiparar los derechos civiles de extranjeros y argentinos según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el nuevo texto mantendría el marco de regulaciones, aunque ampliando el margen respecto de las restricciones fijadas por la Ley 26.737 aprobada en 2011.

Esta alternativa del 25% surge como una vía de negociación frente a las resistencias expresadas por diversos gobernadores, legisladores provinciales y organizaciones vinculadas al sector agropecuario y al territorio rural. Estos actores mostraron reparos ante una desregulación total del mercado inmobiliario rural. De este modo, la fórmula en discusión pretende ofrecer una opción intermedia que garantice el respaldo necesario dentro de La Libertad Avanza y sus aliados en el Congreso.

Hasta el momento, ni las autoridades del Gobierno ni los representantes del Senado formalizaron públicamente la incorporación definitiva de esta modificación al proyecto final. La incertidumbre también alcanza al cronograma legislativo, ya que persisten dudas sobre si la sesión prevista originalmente para este jueves logrará concretarse bajo estos nuevos términos de debate.

La evolución de estas conversaciones resulta determinante para definir el régimen legal de la propiedad rural en el país. El tratamiento de la norma continuará sujeto a la construcción de consensos políticos en la Cámara alta, donde aún resta confirmar si la propuesta alcanza el consenso suficiente para ser volcada al dictamen definitivo que llegará al recinto.