Tras la media sanción en el Senado, la Ley de Biocombustibles pasa a definir su suerte en Diputados

El Senado de la Nación dio un paso clave en la reestructuración del mapa energético y productivo nacional al aprobar, por 41 votos a favor y 25 en contra, el proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles. La iniciativa, que busca reemplazar el régimen actual para darle previsibilidad y dinamismo a las inversiones hasta 2036, obtuvo la media sanción con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, girando la responsabilidad del texto definitivo a la Cámara de Diputados.

La votación fue con 41 votos afirmativos, 25 negativos y ninguna abstención.

Entre los puntos neurálgicos de la propuesta aprobada en la Cámara Alta se destaca el incremento gradual en las tasas de mezcla obligatoria con hidrocarburos: el bioetanol en naftas subirá del 12% al 15% (distribuido en partes iguales entre caña de azúcar y maíz), mientras que el biodiésel en gasoil escalará del 7,5% hasta alcanzar un 10%. Asimismo, la norma no solo se limita a los biocombustibles tradicionales, sino que incorpora de forma inédita regulaciones para el biometano y los combustibles sostenibles de aviación (SAF).

A pesar del avance formal, el proyecto arriba a la Cámara de Diputados envuelto en intensas controversias entre los actores de la cadena agroindustrial. El foco de tensión se concentró en la flexibilización de los cupos de reserva del biodiésel y la paulatina apertura de mercado. Mientras que la producción de bioetanol y el sector de grandes empresas exportadoras celebran las nuevas reglas de competencia y libertad comercial, los senadores de provincias con fuerte impronta pyme —como Buenos Aires— mantuvieron su rechazo al advertir que la medida beneficia desproporcionadamente a los grandes grupos aceiteros y compromete la viabilidad operativa de las plantas de menor escala.

En las próximas semanas, la Cámara de Diputados asumirá el compromiso de revisar el articulado enviado por el Senado. Las pymes regionales buscarán introducir modificaciones de último momento en las comisiones de la Cámara Baja para garantizar esquemas de protección y cuotas de mercado mínimas, en un debate decisivo que determinará si se consolida la desregulación propuesta por la Cámara Alta o si se modifica el proyecto para reequilibrar la competencia industrial.