Ley de Semillas: la tensión entre el Gobierno y los productores frena el acuerdo por las regalías

El debate por la reforma de la Ley de Semillas sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras un accidentado encuentro entre autoridades nacionales y representantes del sector agroindustrial. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dio por finalizada de forma abrupta una reunión de trabajo luego de que las entidades rurales manifestaran sus diferencias respecto al esquema de cobro de regalías y al régimen de uso propio. Ante la falta de avances, el funcionario advirtió que el Poder Ejecutivo podría avanzar en la redacción de la propuesta legislativa en sintonía con los reclamos de las compañías multinacionales del sector, como Bayer. 

Del encuentro participaron participaron las multinacionales Bayer, Corteva y Syngenta y representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). También estuvieron las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria. 

El punto neurálgico del conflicto radica en la regulación del derecho de los agricultores a reservar parte de su cosecha para utilizarla como semilla en campañas posteriores. Mientras que el Ejecutivo sostiene que el esquema actual favorece el comercio no fiscalizado y genera pérdidas millonarias en el desarrollo biotecnológico, los productores afirman que la reserva de grano para uso propio es un derecho consagrado que protege la rentabilidad de las explotaciones de menor escala frente al costo de los insumos.

En sus intervenciones, la Secretaría de Desregulación argumentó que la brecha en materia de propiedad intelectual respecto a otros países de la región impacta directamente en la productividad agrícola local. Por este motivo, el Gobierno busca impulsar mecanismos de fiscalización más estrictos e implementar normativas alineadas con estándares internacionales que garanticen el reconocimiento económico a las empresas obtentoras de tecnología genética.

Frente a la parálisis en las mesas de concertación con las cámaras y entidades gremiales, el equipo económico evalúa la posibilidad de recurrir a resoluciones de organismos técnicos, como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), para aplicar cambios por vía administrativa. Esta postura reavivó la preocupación en la dirigencia del campo, que insiste en la necesidad de consolidar un proyecto consensuado en el Congreso que equilibre el incentivo a la investigación con la defensa de la producción primaria.