Entidades del campo celebran el dictamen sobre vandalismo rural que fija penas de prisión

El proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el vandalismo rural dio un paso clave en la Cámara de Diputados de la Nación al obtener dictamen favorable de mayoría con 41 firmas sobre 66 legisladores presentes en un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal. La iniciativa fue recibida con beneplácito por parte de las entidades gremiales del campo, que venían reclamando un marco normativo más estricto frente a los reiterados episodios de rotura de silobolsas, intrusiones e incendios intencionales en establecimientos productivos de todo el país.

El texto acordado modifica el Código Penal mediante la incorporación del artículo 150 bis, que fija penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un terreno rural o sus dependencias sin autorización o contra la voluntad del propietario. A su vez, suma el artículo 184 bis, que establece penas de 2 a 8 años de cárcel y multas proporcionales al daño económico para quienes destruyan, inutilicen o dañen infraestructuras, insumos o la producción misma en cualquier etapa del ciclo agropecuario.

Desde CARBAP destacaron que el dictamen alcanzado constituye un avance imprescindible para terminar con la indefensión jurídica del agro y reclamaron a los Diputados que a la hora de votar el proyecto “Pongan por delante la necesidad concreta de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria”. 

Según manifestaron dirigentes rurales, la falta de una tipificación adecuada permitía que muchos ataques quedaran caratulados como daños menores o contravenciones simples, imposibilitando la aplicación de medidas preventivas y de sanción efectivas por parte de las fuerzas de seguridad y las fiscalías.

Con el respaldo de las firmas del plenario, la propuesta legislativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto de la Cámara baja. Desde las entidades agropecuarias instaron a los bloques parlamentarios a dar una rápida sanción a la ley, con la expectativa de dotar al Poder Judicial de herramientas punitivas que protejan tanto la propiedad privada como el desarrollo de la cadena agroindustrial.

Polémica por los choclitos robados

El tratamiento del expediente en las comisiones estuvo marcado por un fuerte contrapunto entre el bloque de La Libertad Avanza y la izquierda a raíz de las declaraciones de la diputada Myriam Bregman. Durante el debate, la legisladora cuestionó que la iniciativa busque "proteger grandes propiedades" y comentó de manera distendida: "Yo nací en el campo, iba a robar choclo", lo que calificó como una práctica habitual en zonas rurales.

Los comentarios de la diputada generaron una pronta respuesta por parte de la bancada del PRO. En el cierre del plenario, Ardohain enfatizó que "está mal robar" y advirtió sobre el mensaje que la dirigencia política transmite a la sociedad. 

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria, en la voz del diputado Ramiro Gutiérrez, recordó que en 2020 impulsó junto con Sergio Massa un proyecto para crear una figura de daño agravado ante hechos que afectaban la producción agropecuaria. “Era un concepto jurídico que nadie había pensado”, sostuvo sobre el vandalismo rural, y señaló que aquella propuesta se renovó cada dos años en la Cámara de Diputados. “Está muy bien que haya ahora una iniciativa de sectores del PRO de discutir el vandalismo rural”, afirmó.