Petrecca impulsa una ley para blindar el transporte escolar rural y frenar el faltante de micros

Ante las reiteradas dificultades operativas y financieras que afectan la asistencia de miles de alumnos en el interior de la Provincia de Buenos Aires, el senador del PRO Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley para dotar de un marco normativo permanente al Servicio de Transporte Escolar Rural Gratuito.

La iniciativa busca superar el esquema de respuestas coyunturales y garantizar que la administración provincial planifique, financie y audite de manera eficiente un servicio considerado indispensable para el acceso a la educación. El núcleo central de la propuesta legislativa radica en la implementación de un sistema de actualización automática y periódica de las partidas destinadas a los municipios y consejos escolares. Para ello, el texto establece que la asistencia financiera se calcule en función de la estructura de costos por kilómetro que aplica la Secretaría de Transporte de la Nación, contemplando variables dinámicas como el precio de los combustibles, lubricantes, neumáticos, salarios del personal, cargas sociales, seguros y el índice de mantenimiento de flota. Asimismo, el proyecto prevé lineamientos operativos estrictos para ordenar la prestación en los distritos bonaerenses.

Entre los puntos destacados, se fija que los recorridos se realicen preferentemente de forma "puerta a puerta" y que, ante la imposibilidad de aplicarlo, las paradas obligatorias no superen los 400 metros de distancia desde los establecimientos escolares, evitando zonas peligrosas o de difícil acceso. La normativa también exige un relevamiento detallado de la demanda real en cada comuna y estrictos controles sobre la regularidad de los prestadores.

“Al reducir la exposición a peligros en el trayecto y la fatiga extrema, se eliminan barreras físicas que suelen afectar la concentración, impactando positivamente en el rendimiento escolar“, explicó el autor de la iniciativa.

Desde el espacio impulsor remarcaron que el transporte escolar no puede ser visto como un mero servicio complementario o un problema logístico menor, sino como una condición estructural indelegable para garantizar el derecho a la educación de quienes viven lejos de las aulas. Con esta herramienta legal, la oposición busca poner fin a las demoras administrativas, las licitaciones desactualizadas y los recortes presupuestarios que año tras año ponen en jaque la continuidad escolar en las zonas rurales bonaerenses.