La sanción de la nueva ley que autoriza a los municipios bonaerenses a reasignar recursos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados originalmente a la red vial para financiar obras hídricas sigue generando polémica y un fuerte rechazo en el sector agropecuario. La iniciativa, impulsada por el legislador Sergio Vargas y aprobada recientemente en la Legislatura provincial que conduce el ex-DJ kirchnerista Aleljandro Dichiara, habilita a los intendentes a utilizar hasta el 100% de dichos fondos coparticipados durante un plazo de 180 días con el objetivo de prevenir inundaciones ante la inminencia de lluvias extraordinarias.
Sin embargo, la medida cayó muy mal entre las entidades gremiales del interior bonaerense. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Sociedad Rural de Junín y la Federación Agraria Argentina (FAA) filial Junín advirtieron que la modificación normativa desfinancia una infraestructura elemental para la producción primaria y el traslado cotidiano de las cosechas hacia los centros logísticos.
Además, la productora rural y legisladora de la UCR, Silvina Vaccarezza utilizó sus redes sociales para rechazar de manera enérgica la quita de fondos. "se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente" sostuvo la legisladora de Alberti.
Con el nuevo marco legal ya vigente, la controversia queda ahora supeditada a las decisiones que adopte cada municipio, en la previa a un año electoral dónde los fondos son utlizados en muchos casos para las campañas políticas. Frente a ese escenario, las sociedades rurales advirtieron que mantendrán un monitoreo constasnte de la afectación de los fondos en cada uno de los distritos de la Provincia.