La industria semillera busca acercar posiciones con los productores y las entidades rurales

La discusión por la reforma de la Ley de Semillas sumó un nuevo capítulo luego de que la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) anunciara una ampliación de las excepciones al pago por el uso propio de semillas. La modificación busca acercar posiciones con las entidades agropecuarias y avanzar hacia un acuerdo que permita actualizar la normativa vigente desde 1973.

La propuesta de la industria contempla que una mayor cantidad de productores pueda quedar exceptuada del pago cuando reserve semillas de su propia cosecha para volver a sembrarlas. Sin embargo, la entidad no precisó cuál será la nueva superficie comprendida ni el alcance definitivo del esquema.

Desde ASA señalaron que la revisión de su planteo original responde a la necesidad de reconocer las distintas realidades productivas y construir un sistema que contemple tanto las demandas de los agricultores como los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. El anuncio representa un nuevo intento por destrabar una negociación que involucra a la industria semillera, las entidades de productores y el Gobierno nacional, que busca avanzar con una reforma legislativa.

El uso propio, en el centro de la discusión

La Ley 20.247, sancionada en 1973, establece el marco regulatorio para la producción y comercialización de semillas en la Argentina. Uno de sus puntos centrales es el denominado uso propio, que permite a los productores reservar semillas obtenidas de una cosecha para utilizarlas nuevamente en sus explotaciones.

La industria semillera sostiene que la actualización de la normativa debe fortalecer el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y generar incentivos para invertir en investigación y desarrollo genético.

Desde esa perspectiva, ASA considera que un marco regulatorio con reglas claras y previsibles permitiría ampliar la oferta de tecnologías, acelerar la llegada de nuevas variedades y mejorar la productividad agrícola.

Las entidades rurales, en cambio, buscan preservar el derecho de los productores a reutilizar semillas sin afrontar pagos adicionales en determinadas condiciones, especialmente en el caso de establecimientos de menor escala.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la cantidad de productores que deberían quedar exceptuados del pago por uso propio. Durante las negociaciones se analizaron distintos criterios, entre ellos la superficie trabajada y la clasificación de los agricultores por deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Las entidades de productores buscaban que aproximadamente el 70% de los agricultores quedara exceptuado, mientras que la propuesta anterior de la industria contemplaba alrededor del 40%. La ampliación anunciada por ASA intenta reducir esa brecha, aunque todavía no se conoce su impacto concreto. 

La diferencia entre ambos planteos también debe analizarse en función de la superficie agrícola involucrada. Una proporción elevada de productores puede representar una porción mucho menor del área sembrada, debido a la concentración de la superficie en establecimientos de mayor escala.

Por ese motivo, definir las excepciones implica establecer no solo cuántos agricultores quedarán alcanzados, sino también qué proporción de la producción y de las hectáreas cultivadas estará comprendida en el régimen.