El Gobierno profundiza el ajuste sobre el INTA: buscan eliminar una de sus principales fuentes de financiamiento

El Gobierno nacional busca avanzar con un nuevo recorte sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta vez, la medida está incorporada en el proyecto de Presupuesto 2027, que en su artículo 21 propone derogar una de las fuentes específicas de financiamiento del organismo: la asignación equivalente al 0,45% del valor de las importaciones.

La iniciativa representa un nuevo capítulo del proceso de ajuste que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino desde el inicio de la actual gestión. No se trata solamente de una reducción de partidas para un ejercicio determinado, sino de eliminar un mecanismo de financiamiento establecido por ley que le permite al INTA contar con recursos propios para sostener sus actividades de investigación, desarrollo tecnológico y extensión rural.

La preocupación fue planteada durante una reunión informativa de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Basterra. Allí, representantes del Instituto, investigadores, trabajadores y referentes de organizaciones vinculadas al sector agropecuario expusieron las consecuencias que podría tener la modificación presupuestaria sobre el funcionamiento y la presencia territorial del organismo.

El cuestionamiento apunta directamente a la política de ajuste del Ejecutivo: después de avanzar con la reducción de personal, el cierre de dependencias y el debilitamiento de distintas áreas técnicas, el Gobierno pretende ahora quitarle al INTA una herramienta central para garantizar su financiamiento. Para quienes participaron del encuentro, la medida compromete la capacidad del Estado de acompañar a los productores, generar conocimiento y sostener el desarrollo tecnológico de las economías regionales.

Un artículo que elimina el financiamiento específico

El punto de conflicto es el artículo 21 del proyecto de Presupuesto 2027, que propone derogar el inciso A del artículo 16 del Decreto-Ley 21.680, normativa que establece una fuente específica de recursos para el INTA.

El mecanismo contempla una asignación del 0,45% sobre el valor de las importaciones. Esos fondos forman parte del esquema de financiamiento que sostiene al Instituto y le permiten planificar sus actividades con una fuente de recursos prevista legalmente.

Ricardo Garzia, presidente del Consejo del Centro de la Agricultura Familiar del INTA, cuestionó la intención oficial de avanzar sobre ese mecanismo y sostuvo que el Presupuesto no puede modificar por esa vía la legislación que establece el financiamiento del organismo.

“Este instituto necesita un mejor funcionamiento y rediseñar su representatividad”, expresó durante su intervención. También recordó el papel que el INTA desempeña desde hace décadas en el acompañamiento de pequeños y medianos productores, la capacitación, la asistencia técnica y la mejora de los procesos productivos.

Garzia advirtió que eliminar esta fuente de recursos agravaría un escenario que ya presenta pérdidas económicas, sociales y ambientales como consecuencia del desfinanciamiento del sistema científico. Además, reclamó preservar la autarquía del Instituto y garantizar su presencia federal.

La discusión no es menor: al eliminar una asignación específica, el organismo quedaría más condicionado por las partidas que el propio Poder Ejecutivo decida asignarle en cada presupuesto. Esto reduce la previsibilidad financiera y limita la posibilidad de sostener programas de mediano y largo plazo, una condición fundamental para una institución cuya tarea depende de procesos de investigación, experimentación y transferencia tecnológica que requieren continuidad.

Los números de un organismo cada vez más debilitado

Durante la reunión en Diputados, Gabriela Volpi Lagrieca, investigadora y representante de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), presentó cifras que dimensionan el deterioro que atraviesa la institución.

Según detalló, entre 2023 y 2027 la reducción de los recursos destinados al organismo alcanza el 50%, mientras que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se aproxima al 40%. Para el próximo año, el proyecto oficial contempla una nueva caída presupuestaria del 18%, de acuerdo con los datos expuestos por la representante gremial.

El ajuste también tiene consecuencias directas sobre la estructura de trabajo. Desde 2023, el plantel del INTA se redujo un 27%, se desvincularon alrededor de 1.300 trabajadores y hace tres años que no se incorpora personal. A esto se suma el cierre de 50 agencias de extensión rural y de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA.

Estos recortes afectan especialmente la capacidad del organismo para llegar a los territorios. Las agencias de extensión son una de las principales vías de contacto entre el conocimiento científico y los productores: allí se realizan capacitaciones, asesoramiento técnico, seguimiento de problemáticas productivas y acompañamiento a establecimientos de distintas escalas.

Reducir esa estructura significa debilitar un sistema que durante décadas permitió que los avances de la investigación llegaran a los establecimientos agropecuarios, incluidas pequeñas unidades productivas que difícilmente podrían acceder por otros medios a ese tipo de asistencia.

Volpi Lagrieca remarcó que la eliminación de la fuente de financiamiento no debe interpretarse como una simple reducción presupuestaria anual. “Estamos hablando de eliminar permanentemente una fuente específica de financiamiento, y con ello, reducir la previsibilidad presupuestaria del INTA”, advirtió.

El impacto sobre los productores y las economías regionales

El INTA cumple un papel que excede ampliamente la investigación en laboratorios y estaciones experimentales. Su trabajo alcanza a productores de todo el país y comprende desde el desarrollo de nuevas tecnologías hasta la asistencia técnica, la conservación de recursos naturales, la sanidad vegetal y animal, la innovación productiva y la capacitación.

Su presencia resulta particularmente importante para las economías regionales, la agricultura familiar y los pequeños y medianos productores, que encuentran en el Instituto una referencia técnica para mejorar sus sistemas de producción y enfrentar dificultades específicas de cada territorio.

La reducción de recursos humanos y presupuestarios amenaza esa capacidad de respuesta. Menos investigadores, extensionistas y técnicos implican menos proyectos, menor acompañamiento y mayores dificultades para sostener la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo.

Durante el encuentro, Carla Arizio, investigadora y coordinadora del proyecto de Cannabis Medicinal del INTA, fue contundente al cuestionar el rumbo de la política oficial. Consideró que el Presupuesto 2027 no representa una propuesta de fortalecimiento, modernización o crecimiento, sino que consolida el desarme institucional.

En la misma línea, Sebastián Campo, secretario de la Comisión de Bases Federadas, defendió el papel del organismo como proveedor de información y conocimiento para las comunidades rurales. Su planteo puso en evidencia que el debilitamiento del INTA no afecta únicamente a sus trabajadores, sino también a los productores y a las poblaciones que dependen de sus servicios.

Un ajuste que pone en discusión el modelo de desarrollo

La intención de eliminar el financiamiento específico del INTA se suma a una serie de decisiones que vienen modificando la estructura del sistema científico y tecnológico nacional. El recorte de personal, la reducción de actividades y el cierre de dependencias configuran un escenario de pérdida de capacidades que difícilmente pueda revertirse en el corto plazo.

El problema adquiere una dimensión estratégica para un país cuya economía depende en buena medida de la producción agropecuaria y agroindustrial. La competitividad del sector no se construye exclusivamente a partir de inversiones privadas o de la incorporación de maquinaria: también requiere investigación pública, innovación, conocimiento científico y políticas de desarrollo que contemplen las particularidades de cada región.

En sus 70 años de trayectoria, el INTA fue protagonista de transformaciones productivas, desarrollos tecnológicos y procesos de modernización del agro argentino. Su trabajo contribuyó a mejorar prácticas agrícolas y ganaderas, fortalecer cadenas regionales y generar soluciones para problemáticas que no siempre encuentran respuesta en el mercado.

Por eso, la discusión sobre el Presupuesto 2027 excede el funcionamiento administrativo de un organismo estatal. Lo que está en juego es la continuidad de una estructura pública que articula ciencia, producción y territorio, y que constituye una herramienta fundamental para el desarrollo agropecuario.

Mientras el Gobierno nacional sostiene una política de reducción del gasto público, las advertencias de los representantes del Instituto plantean una pregunta central: ¿qué capacidades productivas y tecnológicas pierde la Argentina cuando desfinancia a una institución que genera conocimiento para uno de sus sectores económicos más importantes?

El proyecto deberá atravesar el debate legislativo, pero la señal ya genera preocupación dentro del organismo y entre los sectores vinculados a su actividad. Si se concreta la eliminación de esta fuente de financiamiento, el ajuste dejará de ser solamente una reducción de recursos para convertirse en un cambio estructural que puede comprometer la autonomía, la presencia federal y la capacidad de investigación y asistencia técnica del INTA.