MUNICIPIOS | 10 NOV 2026
CAMINOS RURALES
Chascomús: productores apuntan al intendente Javier Gastón por vetar ordenanza de caminos
La Asociación Rural cuestiona el veto total a la ordenanza 6068 impulsada tras un año de trabajo en la Mesa de Caminos.
Los productores de Chascomús salieron a cuestionar al intendente Javier Gastón (Fuerza Patria) por haber vetado en su totalidad la ordenanza 6068 de Caminos Rurales, una norma elaborada durante más de un año en la Mesa de Caminos junto a la Asociación Rural de Chascomús.
El Concejo Deliberante había aprobado la ordenanza con un contundente 10 votos a 5, con apoyo de la oposición. Entre sus ejes principales contemplaba:
- Asignación progresiva de fondos vinculados a la actividad rural para el mantenimiento de caminos.
- Participación institucionalizada de los productores en las decisiones.
- Creación de una Dirección de Vialidad Rural con dedicación exclusiva.
- Mecanismos de planificación y seguimiento de obras.
La bronca de la Asociación Rural
La entidad sostuvo que el veto “posterga una solución para los caminos rurales” tanto en la asignación de fondos como en su administración. Y advirtió que, sin una asignación específica, “no hay garantía de que la Tasa Rural se destine a los caminos”.
Los productores remarcaron que si las cuentas municipales están equilibradas, “el estado de la red vial refleja las prioridades de gestión”. También objetaron que los fundamentos del veto cataloguen como “sector privado” a los productores que pagan los tributos y participaron de la elaboración de la norma.
Para la Asociación Rural, el veto total fue excesivo porque varias objeciones apuntaban a artículos puntuales que podían corregirse sin tirar abajo toda la ordenanza.
Con el veto total, la norma vuelve al Concejo Deliberante. Para insistir, se necesitan dos tercios de los votos, una mayoría más exigente que la original. El Ejecutivo anunció una reunión con el sector rural para presentar una propuesta alternativa.
Bronca en Chascomús.
Los argumentos del veto
El Departamento Ejecutivo defendió el veto como una herramienta de “control y equilibrio entre poderes” y planteó objeciones de forma y fondo. Entre los fundamentos esgrimidos, dicen que el Concejo no puede cambiar el destino de los recursos de Servicios Rurales, Marcas y Señales y Control de Plagas.
Además, señalan que los cambios tributarios deben tramitarse por la ordenanza de presupuesto con intervención de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
Según el Municipio, los tributos rurales representan menos del 20% de los ingresos locales, mientras el casco urbano aporta más del 80% de los ingresos no tributarios.
