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Productores de Zárate recurrirán a la Justicia por el cobro de tasas rurales - Agro Bonaerense

MUNICIPIOS | 18 NOV 2026

IMPUESTOS AL AGRO

Productores de Zárate recurrirán a la Justicia por el cobro de tasas rurales

Ruralistas cuestionan la tasa vial y otros tributos municipales por considerar que no existe una contraprestación acorde. El planteo busca revisar la legalidad de los cobros y reabrir el debate sobre la presión fiscal que soporta el sector agropecuario.




Productores rurales autoconvocados del partido bonaerense de Zárate resolvieron avanzar judicialmente contra el municipio por el esquema de tasas que afecta a los establecimientos rurales. El reclamo apunta principalmente a la eliminación de la tasa específica para el mantenimiento de caminos y al cobro de alumbrado público en campos que, según denuncian, no cuentan con ese servicio. La decisión llega después de varios meses de gestiones ante el intendente Marcelo Matzkin y el Concejo Deliberante, sin avances concretos en los proyectos de ordenanza presentados por los productores.

El conflicto se originó con el cambio del esquema tributario que comenzó a regir en enero de 2025. Hasta entonces, los productores abonaban una tasa de red vial con destino específico al mantenimiento de los caminos rurales. Con la modificación, ese tributo fue reemplazado por una tasa general que alcanza tanto a contribuyentes urbanos como rurales. Los autoconvocados cuestionan que el nuevo sistema no establece con claridad qué porcentaje de lo recaudado vuelve efectivamente al mantenimiento de la infraestructura rural y reclaman recuperar un mecanismo de financiamiento específico, con criterios de asignación y control público.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la administración de los recursos y el estado de los aproximadamente 400 kilómetros de caminos rurales que tiene el distrito. Los productores sostienen que no existe información suficiente para conocer cuánto se recauda por las partidas rurales, cómo se distribuyen los fondos ni si se cumple con el porcentaje destinado al consorcio caminero. Además, advierten sobre el deterioro de la red vial y aseguran que, ante las dificultades de transitabilidad, algunos productores deben recurrir a sus propios tractores y herramientas para acondicionar los caminos. En ese marco, proponen que las obras de mayor complejidad sean realizadas por empresas especializadas, mientras que el mantenimiento cotidiano quede a cargo de equipos y personal municipal.

El otro eje de la disputa es el cobro de alumbrado público en las facturas de electricidad de establecimientos rurales. Según denunciaron, se aplica un cargo equivalente al 13% del consumo eléctrico incluso en campos ubicados en zonas donde no existen postes ni luminarias. En abril, los vecinos llevaron el planteo al Concejo Deliberante mediante una banca abierta respaldada por 76 firmas y presentaron dos proyectos: uno para exigir la publicación mensual y detallada de la recaudación por tipo de tasa y circunscripción catastral, y otro para modificar la ordenanza fiscal, eliminar el concepto de macrolote y excluir del cobro de alumbrado a quienes no reciben el servicio. Los productores afirmaron que las iniciativas recibieron expresiones de apoyo de distintos bloques, pero permanecen sin avances en las comisiones legislativas desde mayo.

Ante la falta de respuestas, los autoconvocados decidieron recurrir a la Justicia para solicitar que se suspenda el cobro del alumbrado en los establecimientos que carecen de ese servicio, se revise la tasa general y se restituyan los fondos abonados que consideran improcedentes. También buscan que la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate acompañe la presentación, con la posibilidad de impulsar una acción colectiva. Sin embargo, esperan conocer primero cómo quedará el esquema tributario municipal para 2027, luego de que el intendente solicitara una prórroga para presentar el presupuesto y la ordenanza fiscal. Para los productores, el reclamo excede el monto de los tributos: apunta a la transparencia de los recursos públicos, la contraprestación de los servicios y el financiamiento de la infraestructura necesaria para sostener la actividad rural.