

Por: Agustin Julian Arechavala
En un nuevo capítulo del Programa de Incremento exportador (PIE), se dio a conocer la letra chica del nuevo tipo de cambio para los productos de la cadena agroexportadora mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 194/2023. Con esta medida el Gobierno Nacional busca aumentar y fortalecer las reservas del Banco Central en más de nueve mil millones de dólares y poder cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.
Conocido como “Dólar Agro”, se trata de una nueva medida extraordinaria y transitoria, por la cual se pasara de los $211 por dólar a unos $300 el tipo de cambio que reciben las exportaciones de soja y las economías regionales, siendo una redición del mismo programa que tuvo poco éxito en sus ediciones anteriores.
De esta forma, y cumplido con las condiciones de aplicación, podrán perfeccionar la liquidación de divisas por exportaciones un nuevo valor de trescientos pesos por cada dólar estadounidense.
Para beneficiarse con el tipo de cambio, los sujetos del complejo agroindustrial deberán acreditar exportaciones durante los dieciocho meses anteriores al DNU; por su parte los diferentes productores de las economías regionales deberán cumplir los programas de controles de precios de la Secretaria de Comercio Interior, mientras que se prevén sanciones para quienes no han liquidado exportaciones ya declararas.
Sobre los plazos, podemos indicar que, los exportadores adherentes al programa deberán liquidar las hasta 31 de mayo de 2023, inclusive; mientras que las economías regionales contaran con plazo hasta el 31 de agosto.
La ampliación a las economías regionales y la emergencia por sequia
El programa que tenía como destinatario al complejo sojero se amplía mas allá de este producto e incluye a través de dos anexos de la norma a más de treinta economías regionales, agrupándolas en diferentes categorías de productos donde se destacan animales vivos, leche y derivados, huevos, miel, plantas vivas y productos de floricultura, hortalizas, frutos comestibles, café, té, yerba mate, especias, grasas, aceites animal y vegetal; Sumándose a todo ello otros productos derivados de preparaciones de carnes, frutos de mar, artículos de confitería, y preparaciones en base a cereales, bebidas y líquidos alcohólicos, desperdicios de industrias alimentarias, preparados para animales, tabacos, preparaciones de perfumería y cosmética, manufacturas de madera corcho, seda, lana, pelo, hilados, entre otros incluidos.
A su vez, en contexto de Emergencia y Desastre Agropecuario por Sequia, se ha establecido que una proporción de las sumas que el Estado Nacional perciba de manera incremental por el Programa tendrá como destino financiar la ayuda a los productores; medida complementada con el DNU 193/2023 del mismo día, que establece herramientas financieras, fiscales y de ayuda económica de parte del Gobierno Nacional.
Critica al programa que está destinado al fracaso
La medida, diseñada por el Ministerio de Economía luce tardía y coyuntural, por parte del Gobierno Nacional que tan solo persigue el objetivo de aumentar la recaudación de manera tal que le permita llegar con reservas en el Banco Central a la próxima campaña de trigo.
Esta redición del “Dólar Soja” tendrá el mismo destino de fracaso que sus ediciones anteriores de Septiembre y Diciembre de 2022, ya que en nada beneficia al productor y profundizara dentro de la cadena agropecuaria sus efectos negativos y distorsivos de los mercados.
En concreto, el cambio diferencial no llegara al bolsillo del productor, quien por el contrario se verá afectado por el aumento del grano y forraje en un contexto de escases de alimento derivado como consecuencia de la sequia. Los tambos, las granjas avícolas y los feedlots serán los principales perjudicados en este contexto.
El parche macroeconómico incide directamente en otra cadena importante para el consumo interno, y afectara a los precios de la carne al consumidor. En efecto el producto final experimentara aumentos derivados del incremento de los índices de arrendamiento para el sector ganadero, o bien por el aumento de la carga impositiva, como sucede en el caso del IVA, cuyos saldos técnicos no son recuperables por el sector porcino.
Las consecuencias de esta medida se extienden en toda la producción primaria y agroindustrial; por ejemplo la actividad vitivinícola quedara ajustada a un cambio fijo de 300$ por dólar y a la letra de los acuerdos de Precios Justos, lo que en la práctica no es ni más ni menos que un “cepo” en un periodo de alta volatilidad de precios e inflación.
En conclusión, estamos ante un plan cortoplacista y por demás oportunista que está destinado al fracaso las distorsiones que generara en un mercado. Resulta paradójico que estas medidas se alejen tanto de los fundamentos y beneficios diseñados por este mismo gobierno en los proyectos de ley de fomento agroindustrial que giro recientemente al Congreso Nacional.
El país no necesita de medidas arbitrarias, temporales y electorales; por el contrario se impone la adopción de verdaderas políticas de estado que sean soluciones directas a los graves problemas que tiene el sector por la alta presión impositiva, la brecha cambiaria y la inflación no controlada, entre otras variables.
Agustin Julian Arechavala
Presidente del Ateneo Jovenes Ruralistas San Vicente