El objetivo de la norma que debatirá el Congreso es terminar con la discrecionalidad del Gobierno nacional y garantizar a los productores una respuesta rápida y efectiva frente a fenómenos climáticos que afectan su capacidad productiva.

Para ello, la iniciativa propone modificaciones a la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509 dirigidas a agilizar el procedimiento de declaración de emergencias, asegurar el financiamiento necesario e incorporar nuevos beneficios aplicables a los productores afectados por dichas contingencias.

El proyecto reduce los plazos para que el Poder Ejecutivo se expida y establece que, en caso de no tomar una decisión, el silencio se considerará automáticamente como declaración de emergencia. De esta manera, se evita que el Gobierno postergue indefinidamente decisiones que resultan urgentes para los productores. Además, la iniciativa eleva el piso del Fondo Nacional de Emergencias Agropecuarias (FONEDA) a $130.000 millones, actualizando un monto que quedó congelado desde 2009 y que hoy resulta absolutamente insuficiente para dar respuesta a la problemática.