El Gobierno Nacional, mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal a la unión conformada por la empresa belga Jan de Nul y la firma local Servimagnus. La resolución oficial aprobó la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2025, tras determinar que la propuesta resultó la más conveniente a nivel técnico y económico. La medida clausura un proceso licitatorio de más de un año que incluyó fuertes debates, reclamos empresariales e impugnaciones administrativas.
La adjudicación abarca las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, además del dragado y redragado desde la Confluencia del río Paraná hasta las aguas profundas del Río de la Plata. Este corredor es un activo estratégico para la economía nacional porque canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas. Asimismo, el trayecto conecta a cerca de 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido, siendo fundamental para el ingreso de divisas.
El proceso administrativo incluyó la intervención de ministerios, provincias y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para aportar transparencia. Durante la compulsa surgieron conflictos cuando la firma DEME presentó recursos que cuestionaban la evaluación técnica, planteos que fueron rechazados por la autoridad portuaria y el Ministerio de Economía. Finalmente, la Procuración del Tesoro de la Nación respaldó el dictamen al dictaminar que los pliegos fueron aceptados por los oferentes al postularse.
La decisión oficial coincide con la presión ejercida por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Las entidades agroexportadoras habían solicitado celeridad al ministro Luis Caputo y al titular del organismo portuario, Iñaki Arreseygor, para terminar con el esquema transitorio. Los operadores reclamaron que la demora generaba incertidumbre regulatoria y aprovecharon para reiterar un pedido de revisión sobre el IVA aplicado al dragado que encarece los costos.