La Federación Agraria Argentina expresó su firme rechazo al anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación de la Nación que busca eliminar las leyes vigentes de arrendamientos y aparcerías rurales. La presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, advirtió que la derogación de este marco normativo representaría un retroceso abismal para el sector productivo, dado que dejaría sin un resguardo legal adecuado a las dinámicas operativas de la agricultura y la ganadería en todo el territorio nacional.

La medida impulsada por la cartera gubernamental plantea derogar la Ley 13.246 y la Ley 14.432 para que los contratos entre propietarios, arrendatarios y aparceros pasen a regirse bajo el régimen general del Código Civil y Comercial. Frente a esta propuesta, la conducción federada señaló que la legislación agraria específica contempla variables del trabajo rural que no están detalladas en un código común, como los ciclos biológicos de las producciones, el pastoreo de hacienda y los períodos de cosecha de cada región.

Desde la entidad gremial explicaron que la eventual eliminación de estas categorías legales afectaría la previsibilidad jurídica necesaria para trabajar la tierra de manera sustentable. Asimismo, destacaron que el ordenamiento de los alquileres rurales surgió históricamente para brindar orden y límites específicos a las relaciones comerciales del agro, protegiendo tanto la continuidad de los esquemas de arrendamiento como la conservación de los suelos ante la presión de modelos productivos de corto plazo.

"Es necesario repensar la Ley de Arrendamientos porque la realidad ha cambiado mucho desde que fue sancionada. Hoy no siempre el arrendatario es la parte más débil del contrato; en algunos casos ocurre lo contrario. Hay cosas para modificar dentro de la ley, pero no creemos que la solución sea derogarla", remarcó Andrea Sarnari al analizar los cambios requeridos en la normativa.

La discusión sobre la desregulación de los arrendamientos se suma a la agenda legislativa del sector agropecuario, donde conviven posturas sobre la necesidad de actualizar plazos y modalidades de contratación. Mientras el Ejecutivo nacional busca liberalizar los acuerdos entre partes, la Federación Agraria insiste en mantener una norma marco específica que sea debatida y reformada en el Congreso de la Nación en lugar de ser eliminada por completo.