Un fallo de la Justicia bonaerense ordenó al municipio de Rojas transparentar la información vinculada a la recaudación y ejecución de las tasas que cobra al sector agropecuario por la conservación de la red vial rural. La medida judicial hizo lugar a un reclamo impulsado por las filiales locales de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Coninagro, en un contexto de creciente disconformidad de los productores por el deterioro de las trazas de tierra y la falta de contraprestación efectiva del servicio.

A partir de esta resolución, la administración municipal dispone de un plazo de 45 días para presentar un informe detallado que precise los montos exactos cobrados en concepto de tasa vial, el nivel de cobrabilidad registrado y el criterio utilizado para el cálculo del tributo. Asimismo, el fallo exige especificar el destino final de esos fondos, detallando las inversiones concretadas en mantenimiento, la maquinaria adquirida y las obras ejecutadas sobre la red vial del distrito.

Desde el sector productivo señalaron que la red del partido abarca alrededor de 1200 kilómetros de caminos que atienden a más de 200.000 hectáreas productivas, estimando que la recaudación en concepto de tasas debería garantizar un flujo constante de equipamiento y mejoras. Las entidades gremiales cuestionaron la falta de proporcionalidad entre la carga tributaria aplicada al campo y la cobrabilidad efectiva devuelta en infraestructura, advirtiendo sobre el impacto directo que el abandono de los caminos genera en la salida de la cosecha.

El pronunciamiento marca un importante precedente institucional para el resto de la provincia de Buenos Aires, donde proliferan los conflictos entre productores y comunas por la afectación de los tributos viales. La decisión judicial sienta las bases para exigir mayor transparencia administrativa en las arcas municipales y habilita nuevas vías de control para verificar que lo abonado por el sector agropecuario vuelva en servicios e infraestructura para la producción local.