El Concejo Deliberante del partido bonaerense de San Martín declaró el estado de Emergencia Económica, Productiva y Comercial para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del distrito, en respuesta al pronunciado deterioro de la actividad productiva y comercial registrado en los últimos meses. La ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo habilita de manera extraordinaria al Ejecutivo municipal, conducido por Fernando Moreira, a instrumentar herramientas de alivio fiscal, prórrogas en las obligaciones tributarias locales y programas de contención específicos para proteger a los comercios de cercanía y los emprendimientos industriales de la zona.

Como eje central de la normativa, se dispuso la creación inmediata de un Comité de Crisis integrado por autoridades de la secretaría de producción local, representantes de las cámaras comerciales, referentes de los parques industriales y delegados de las principales organizaciones sindicales. Este órgano tendrá a su cargo la elaboración de diagnósticos en tiempo real sobre la caída del empleo, la evaluación de solicitudes de exención o diferimiento de tasas municipales —como Seguridad e Higiene— y la articulación de gestiones ante organismos de la Provincia de Buenos Aires y la Nación.

Las entidades del sector productivo expresaron su respaldo a la iniciativa de emergencia, alertando sobre la combinación crítica entre el aumento continuado en las tarifas de servicios públicos, los altos costos logísticos y la contracción en la demanda del mercado interno. Desde el empresariado local destacaron que estas facilidades contributivas resultan indispensables para amortiguar el impacto del ciclo económico restrictivo, evitar el cierre masivo de persianas comerciales y frenar el goteo constante en la destrucción de puestos de trabajo en el interior bonaerense.

El decreto municipal fija una vigencia inicial para el estado de emergencia, con posibilidad de prorrogarse en función de la evolución de las variables macroeconómicas. Asimismo, encomienda a las áreas productivas comunales el diseño de esquemas de compras públicas orientados prioritariamente a los proveedores locales y la apertura de líneas de asesoramiento técnico y financiero para fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región.