El proceso de concertación entre la producción y la industria semillera cerró su etapa de mesas de trabajo sin un consenso definitivo, dejando en manos del Poder Ejecutivo Nacional la decisión sobre qué productores de soja, trigo y arroz quedarán obligados a pagar por el uso propio de la semilla resguardada. Tras la falta de un acuerdo integral en el sector privado, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) asumirán la redacción final del borrador normativo que se enviará al Congreso de la Nación.

La discrepancia central reside en la delimitación del universo de productores exceptuados del pago oneroso mediante el sistema de deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). La propuesta impulsada por las entidades rurales contempla que el pago alcance únicamente a los tres primeros deciles (el 30% de los productores de mayor escala, quienes concentran el 82,72% de la superficie cultivada), liberando de la obligación al 70% restante. Por su parte, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) propuso extender el cobro a los primeros seis deciles (el 60% del universo, abarcando el 95,44% de las hectáreas), lo que representa una diferencia de 16.818 productores entre ambas posturas.

A pesar de no haber cerrado un texto unificado, ambos sectores valoraron el avance conceptual respecto de los intentos históricos de modificación de la Ley 20.247 de 1973, destacando el abandono del criterio fijo de superficie en hectáreas para adoptar los registros del SISA como parámetro dinámico de segmentación. Asimismo, persisten debates de fondo sobre la adhesión al Convenio UPOV 91 frente al marco de UPOV 78 actualmente vigente, aspecto que la industria considera prioritario para asegurar el reconocimiento del derecho de propiedad intelectual sobre el germoplasma.

Con la información técnica recabada durante las reuniones bilaterales, las autoridades nacionales evaluarán los esquemas de compensación y gradualidad aplicables antes de formalizar la propuesta oficial. La iniciativa buscará conciliar la protección a la escala de la pequeña y mediana empresa agrícola con la necesidad de incentivar la inversión privada en biotecnología e investigación genética en el país.