La Justicia dispuso una medida cautelar que ordena la preservación de los datos y registros referidos a las tierras rurales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La resolución tiene como objetivo central resguardar la integridad del sistema de información sobre inmuebles agrarios y garantizar la trazabilidad de los datos dominiales mientras se sustancian los planteos judiciales en curso.

La decisión judicial realizada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata insta a las autoridades y organismos de aplicación a abstenerse de realizar modificaciones, supresiones o alteraciones en las bases de datos registrales correspondientes a los establecimientos rurales del territorio bonaerense. Con este pronunciamiento, el tribunal busca asegurar el libre acceso a la información pública, la transparencia en el control de la propiedad territorial y la debida protección de los registros vinculados al sector agropecuario. 

La presentación había sido realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia que conduce Guido Lorenzino, a partir de los cambios introducidos tras la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. La norma nacional había establecido restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y mecanismos de registro y control sobre la titularidad de esos inmuebles. "No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural", sostuvo Lorenzino.

Desde el ámbito legal e institucional se remarcó la trascendencia del fallo, al sostener que la conservación de las bases de datos resulta un presupuesto indispensable para fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia territorial. La medida genera un antecedente clave en la provincia, otorgando certidumbre sobre el resguardo de la información dominial y la transparencia de las propiedades rurales en el interior bonaerense.