El severo deterioro de los caminos rurales en el partido de Necochea volvió a encender la tensión entre el sector agropecuario y la administración local encabezada por el intendente Arturo Rojas. Ante la intransitabilidad de las trazas —con especial gravedad en la zona costera—, un grupo de más de cincuenta productores autoconvocados intensificó sus reclamos para exigir el restablecimiento del Ente Vial Rural, un organismo descentralizado que operó con participación directa de las entidades del campo y que garantizaba una administración eficiente de los recursos.
El productor rural Gustavo Redolatti expresó el descontento generalizado del sector: "La bronca es muy grande porque los caminos en general están totalmente destrozados; del lado de la costa es más grave el tema y no vemos reacción". Para el referente agropecuario, la problemática no se reduce exclusivamente a la escasez de presupuesto, sino a la falta de planificación técnica y personal capacitado: "La plata que llega para los caminos rurales es muy poca de la que tendría que llegar, pero aún así, están haciendo mal los trabajos. No hay gente capacitada para desarrollarlos y lo peor es que se va avanzando a la destrucción total".

Los antecedentes del reclamo se remontan a finales de 2009, cuando se impulsó la creación del Ente Descentralizado Vial Rural que comenzó a funcionar plenamente en 2010. Aquel modelo permitía separar la gestión vial del resto de las áreas comunales y aseguraba que la recaudación obtenida a través de la tasa vial tuviera un destino de afectación exclusiva. Según recordó Redolatti, el esquema contaba con una administración profesionalizada con contadores, personal operativo y capataces que optimizaban los recursos disponibles.
En un documento difundido recientemente, los productores autoconvocados advirtieron que la crisis en la red vial se profundizó en los últimos años debido a que la recaudación del tributo rural comenzó a ser utilizada para financiar servicios urbanos y otras áreas comunales, como agua y cloacas. Esta flexibilización en el destino de los fondos, señalaron, diluyó el control de las transferencias y aceleró el colapso de los caminos productivos, transformando el debate sobre la tasa vial en uno de los ejes de discusión más álgidos de la agenda agropecuaria bonaerense. Además, señalan que la información sensible vinculada a la inversión en caminos rurales no está disponible en la web del gobierno local