La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y dio media sanción al proyecto de ley que tipifica y sanciona el vandalismo rural en el Código Penal. La iniciativa presentada Martín Ardohain, que contó con con el respaldo de 162 votos afirmativos, fija penas de hasta 10 años de prisión para quienes ejecuten ataques intencionales contra establecimientos productivos, destruyan insumos agrícolas o provoquen la rotura de silobolsas en cualquier punto del territorio nacional.

El texto aprobado incorpora figuras penales específicas para proteger la propiedad privada y la infraestructura del sector agropecuario. Entre sus modificaciones centrales, establece castigos severos para la intromisión no autorizada en predios rurales y penas de prisión de cumplimiento efectivo cuando los daños afecten cosechas, plantaciones, rodeos o maquinarias de trabajo indispensables para el desarrollo de la cadena agroindustrial.

Desde las entidades gremiales del campo celebraron el avance legislativo al señalar que la norma responde a un reclamo histórico frente a la ola de delitos y rotura de granos almacenados que afectó al interior en los últimos años. Según remarcaron los dirigentes del sector, la falta de una tipificación adecuada en el Código Penal solía derivar en que estos ataques fueran caratulados como simples contravenciones o daños menores, dejando desprotegidos a los productores frente a cuantiosas pérdidas económicas.

Tras obtener la aprobación en la Cámara baja, el expediente fue girado al Senado de la Nación para su tratamiento definitivo. De convertirse en ley, la norma dotará a los fiscales y a las fuerzas de seguridad de herramientas judiciales más firmes para investigar, perseguir y condenar los actos de sabotaje que atenten contra la actividad agropecuaria y la logística alimentaria del país.