La Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su rechazo a la ley aprobada por la Legislatura bonaerense que permite a los municipios utilizar fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para ejecutar obras hidráulicas preventivas frente al fenómeno climático El Niño.
La entidad se sumó así a los cuestionamientos que previamente habían planteado la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en una discusión que volvió a poner en el centro de la agenda agropecuaria el estado de la infraestructura vial del interior provincial.
En un comunicado, la FAA cuestionó la posibilidad de reasignar la totalidad del 12,5% de los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural que, de acuerdo con la normativa vigente, se destinan al mantenimiento de los caminos rurales.
La organización sostuvo que la red vial atraviesa una situación crítica y advirtió que reducir los fondos para su conservación podría profundizar los problemas de transitabilidad que afectan a los productores, la actividad agropecuaria y las comunidades rurales.
Desde la Federación Agraria reconocieron que las obras hidráulicas y la prevención de inundaciones son necesarias, pero remarcaron que no deberían financiarse a costa de desproteger otra infraestructura esencial para el desarrollo productivo.
“Si hacen falta mayores inversiones en materia hídrica, deben identificarse fuentes de financiamiento adicionales, sin debilitar los recursos destinados a los caminos rurales”, planteó la entidad.

Además, cuestionó el tratamiento legislativo de la iniciativa y señaló que la modificación se impulsó sin una consulta previa a las organizaciones agropecuarias ni un debate en comisiones que permitiera incorporar la perspectiva de los actores de la producción.
Para la FAA, los problemas estructurales de la provincia requieren políticas planificadas, consensuadas y sostenibles, con recursos específicos para cada necesidad.
La polémica se suma a los reclamos históricos del sector agropecuario por el deterioro de los caminos rurales, fundamentales para trasladar granos y hacienda, ingresar insumos y garantizar la circulación de camiones durante las distintas etapas de la campaña agrícola.
La infraestructura también resulta indispensable para la vida cotidiana de las comunidades del interior, ya que permite el acceso a escuelas, centros de salud y servicios de emergencia. Las dificultades para circular, especialmente después de períodos de lluvias intensas, pueden generar demoras logísticas, mayores costos de transporte e inconvenientes para retirar la producción de los establecimientos.
En ese contexto, CARBAP y la Sociedad Rural Argentina también advirtieron que la reasignación presupuestaria podría agravar las deficiencias existentes si no se establecen garantías concretas para reponer los fondos utilizados.
La ley habilita a los municipios, por un período de 180 días, a utilizar recursos habitualmente afectados a la red vial rural para financiar obras de drenaje, reparación de alcantarillas y otras intervenciones destinadas a mitigar los efectos de El Niño.
Sus impulsores sostienen que la medida busca dar mayor capacidad de respuesta a los gobiernos locales ante el riesgo de inundaciones. Sin embargo, las entidades agropecuarias advierten que la emergencia hídrica no debería resolverse mediante la reducción del presupuesto para caminos, cuya conservación también es determinante para prevenir el aislamiento de establecimientos y localidades rurales.
El debate plantea así un desafío para la política de infraestructura bonaerense: atender las necesidades de prevención hídrica sin comprometer la transitabilidad de la red vial productiva.
Mientras continúa la discusión, el reclamo del sector agropecuario apunta a garantizar financiamiento suficiente para ambas áreas y establecer mecanismos de planificación que permitan sostener la producción y la conectividad del interior provincial