El frigorífico Gorina, uno de los principales exportadores de carne vacuna de la Argentina, comunicó a sus proveedores que comenzará a aplicar descuentos en el precio de compra de la hacienda que no cumpla con los requisitos de registro en la plataforma VISEC Carne cuando esté destinada a la Unión Europea. La medida entrará en vigencia el próximo 1° de noviembre y se vincula con las exigencias ambientales del reglamento europeo contra la deforestación.
Según informó el portal Bichos de Campo, la empresa notificó a sus proveedores que los registros de los establecimientos de origen —identificados mediante el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)— deberán estar inscriptos en VISEC Carne antes del envío de los animales destinados a faena para el mercado europeo.
En caso contrario, la hacienda podría ser derivada a terceros países o a mercados de menor valor comercial, de acuerdo con su aptitud y las posibilidades de colocación. Esa diferencia se trasladaría al precio pagado al productor y debería acordarse con el área de Compras del frigorífico antes de coordinar la carga.
La decisión confirma una de las principales preocupaciones que venían manifestando los productores ganaderos: que las exigencias de trazabilidad ambiental terminen generando descuentos comerciales para quienes no se incorporen a la plataforma utilizada por parte de la industria exportadora.
La medida se enmarca en el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), que exige demostrar que determinadas materias primas y sus derivados comercializados en ese mercado no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Para la carne vacuna, esto implica identificar los establecimientos de origen y contar con información geográfica que permita verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales. La aplicación de las obligaciones para los operadores alcanzados está prevista, según el cronograma vigente al momento de la publicación, para el 30 de diciembre de 2026.
El objetivo de la normativa europea es evitar que el consumo de productos importados contribuya a la pérdida de bosques. Sin embargo, su implementación plantea desafíos para la cadena ganadera argentina, donde la identificación de los establecimientos, la geolocalización de los predios y la trazabilidad de los animales requieren coordinación entre productores, frigoríficos y organismos públicos.
VISEC Carne es una plataforma impulsada por actores privados del sector agroexportador que busca reunir y validar información para demostrar el cumplimiento de esas exigencias. No obstante, la normativa europea no establece que deba utilizarse exclusivamente ese sistema: existen otras herramientas que pueden servir para acreditar los requisitos exigidos por el mercado europeo.
La decisión de Gorina se conoció luego de que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestara su rechazo a las denuncias sobre descuentos aplicados a la hacienda por la falta de inscripción en VISEC Carne.
La entidad sostiene que no existe una obligación legal general para que los productores se incorporen a una plataforma privada determinada y que las responsabilidades derivadas del reglamento europeo recaen sobre los operadores que introducen los productos en ese mercado.
CRA también cuestionó que una exigencia vinculada con una parte de la producción exportada pueda trasladarse al precio de compra de toda una tropa o de animales que eventualmente se destinen a otros mercados. Por ese motivo, reclamó que cualquier diferencia de precio tenga una justificación comercial concreta y debidamente explicitada en la liquidación.
Además, solicitó al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) que informe los costos actuales y futuros de la plataforma y aclare las condiciones de acceso para los productores. La entidad recordó que se había planteado que el sistema sería gratuito para quienes producen la hacienda.
Otro de los puntos de conflicto es el nivel de adhesión a VISEC Carne. De acuerdo con la información publicada por Bichos de Campo, hasta el momento se habían registrado aproximadamente 14.000 establecimientos mediante sus respectivos RENSPA, sobre un universo superior a los 200.000 registros sanitarios de productores ganaderos.
La baja participación se vincula, entre otros factores, con la desconfianza de una parte de los productores hacia el sistema y con cuestionamientos sobre los criterios utilizados para evaluar los establecimientos. Algunos ganaderos, especialmente del norte del país, sostienen que determinados campos quedaron excluidos pese a que aseguran no haber realizado desmontes.
También existen interrogantes sobre el tratamiento del denominado renoval, es decir, el avance de vegetación leñosa sobre áreas de pastoreo, que en ocasiones es controlada por los productores sin que esa intervención necesariamente constituya deforestación.
En paralelo, la provincia de Santa Fe avanzó con el desarrollo de una herramienta propia de certificación ambiental, en un intento por ofrecer alternativas para demostrar el cumplimiento de las exigencias internacionales.
La decisión de Gorina podría marcar un precedente para otras empresas exportadoras que necesitan asegurar la trazabilidad de la carne destinada a Europa. De acuerdo con la información sectorial, se espera que otros frigoríficos vinculados al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC) adopten criterios similares.
El escenario abre una discusión sobre quién debe asumir los costos de adaptación a las nuevas reglas comerciales y cómo evitar que los requisitos ambientales se traduzcan en una pérdida de ingresos para los productores primarios.
Mientras la industria busca garantizar el acceso al mercado europeo, las entidades rurales reclaman que se respeten las alternativas de certificación disponibles y que no se impongan descuentos sin fundamentos claros. La controversia también pone en debate el papel de las plataformas privadas en la cadena de exportación y la necesidad de contar con reglas transparentes para todos los eslabones.
Con la entrada en vigencia de la medida anunciada por Gorina, la trazabilidad ambiental dejará de ser solamente una cuestión documental para convertirse en un factor que puede incidir directamente en el precio de la hacienda y en las condiciones de comercialización de la ganadería argentina.