El Gobierno nacional actualizó los precios de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles. La medida fue oficializada mediante las Resoluciones 306/2026 y 307/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

El biodiésel pasó a costar $2.074.474 por tonelada, un incremento del 2,07% respecto de octubre. En tanto, el bioetanol de caña de azúcar se fijó en $1.104,886 por litro y el elaborado a base de maíz en $1.012,662, ambos con una suba del 2%.

La Secretaría de Energía justificó la actualización por la necesidad de adecuar los valores a los costos de producción y evitar desfasajes en el mercado.

Para noviembre también se establecieron plazos máximos de pago de siete días corridos para el biodiésel y de 30 días para el bioetanol.

La actualización se produce mientras continúa trabado en Diputados el debate por una nueva Ley de Biocombustibles, que propone elevar los porcentajes de mezcla obligatoria y mantiene diferencias entre las grandes empresas y las pymes del sector.

¿Qué pasa con la ley de biocombustibles?

La iniciativa tiene media sanción del Senado, pero no consigue avanzar en Diputados por las diferencias entre las grandes aceiteras y las pymes productoras de biodiésel. El tratamiento podría postergarse hasta 2027.

El principal conflicto enfrenta a las grandes empresas aceiteras, nucleadas en CIARA, con las pymes regionales agrupadas en CEPREB. Estas últimas cuestionan la apertura del mercado a compañías de mayor escala y advierten sobre el riesgo para unas 25 plantas industriales y sus puestos de trabajo.

La reforma propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, dentro de los 12 meses posteriores a su eventual aprobación. También plantea reemplazar el sistema de cupos y precios regulados por un mercado de comercialización más abierto.

Mientras las grandes aceiteras reclaman aprobar el texto sin modificaciones, las pymes solicitan ampliar el porcentaje de mezcla y garantizar su participación durante más tiempo. Las diferencias también atraviesan a los bloques políticos, con posiciones distintas según los intereses productivos de cada provincia.

De no alcanzarse un acuerdo durante noviembre, el tratamiento podría pasar a las sesiones extraordinarias y quedar postergado hasta 2027, demorando una reforma que involucra inversiones, empleo y el futuro de la industria nacional de biocombustibles.