La industria pesquera argentina expresó su rechazo a la posibilidad de modificar el sistema de administración de los recursos marítimos mediante la apertura de licitaciones, una propuesta impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, Eduardo Boiero, cuestionó la iniciativa y defendió el esquema vigente de permisos y cuotas como herramienta para regular recursos limitados y sostener la actividad.
Durante una entrevista, el dirigente también rechazó la comparación planteada por el funcionario entre el sector pesquero y la actividad naviera. Argumentó que se trata de realidades distintas y recordó que alternativas similares ya habían sido analizadas al debatirse la Ley Federal de Pesca, sin prosperar ante el riesgo sobre las empresas, el empleo y la preservación del recurso.

Boiero precisó que los permisos habilitan a operar en el caladero, mientras que las cuotas fijan los volúmenes de captura. Según advirtió, habilitar licitaciones a firmas extranjeras generaría condiciones desiguales frente a las compañías radicadas en el país, que asumen compromisos laborales, flotas y plantas de procesamiento. Asimismo, remarcó que no se entregan nuevas licencias porque las principales especies ya están en su máximo nivel de explotación y el ingreso al negocio requiere adquirir permisos existentes.
En el plano normativo, recordó que la Ley Federal de Pesca fijó el dominio provincial hasta las 12 millas, creó el Consejo Federal Pesquero y reemplazó el régimen olímpico por cuotas individuales —con plazos de 15 años y hasta 30 años en calamar con planta en tierra— a partir de los límites anuales que fija el INIDEP. Finalmente, señaló que las exportaciones del sector rondaron los 2.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del año en más de 180 mercados, aunque alertó sobre la competencia del langostino de cultivo asiático y ecuatoriano a menor precio.